CESARE BECCARIA, MÁS ACTUAL QUE NUNCA

CESARE BECCARIA, MORE UP-TO-DATE THAN NEVER

 

 

Julio Leal Medina

 PALABRAS CLAVE: Eficacia jurídica. Endurecimiento de las penas. Pacto político. Reforma criminal.  Sentimiento ciudadano como motor del impulso legislativo.Utilidad social.

 

KEYWORDS: Hardening of sentence. Legal efficiency. Political pact. Criminal reform. Citizen’s feeling as a driving force of the legal initiative.  Social usefulness.

 

RESUMEN: El autor pretende señalar la interconexión existente entre los principios penales propugnados tiempo atrás por Beccaria, el ilustre penalista, y la actual dogmática que preside el derecho criminal. Y no solo demostrando la validez e  interacción de aquéllos postulados en los tiempos actuales en que vivimos, sino reconociendo que son parámetros de justicia y de legitimidad social.    

 

ABSTRACT:  The author hopes to point out the existing interconnection between the legal principles advocated in former times by Beccaria, the distinguished criminal lawyer, and the current dogmatic that dominates the criminal law.  And not only proving the validity and interaction of those postulates at our current times, but that it recognized that they are parameters of justice and of social legitimacy.


Hace más de doscientos años que se publicó el libro “De los delitos y las penas” de Beccaria (1) , y sin embargo los principios penales que ahí se contienen siguen estando más de moda que nunca. Junto a las bases y elementos que informan el actual derecho penal, fundamentado en los cánones elaborados por la Escuela Clásica del derecho penal del siglo XVIII, en torno al delito, la culpa y la pena, ensamblados en otros más recientes como el principio de legalidad de las penas, el de su proporcionalidad, o jurisdiccionalidad, Beccaria nos aporta otros criterios jurídico-criminales que en pleno siglo XXI, están llamados a ser potencialmente los más importantes valores que la norma penal posee, sentando las bases del moderno espíritu legislativo que se está abriendo paso en las sociedades occidentales actuales a través de una realidad social cada vez más exigente y sofisticada. Nos referimos a los principios de utilidad social y eficacia jurídica (2) . Fines o funciones que si biense deducen de todo ordenamiento criminal, lo cierto es que no es hasta hace bien poco cuando el legislador ha decidido impulsarlos con mayor firmeza al recurrir a ellos en las nuevas leyes penales aprobadas por el Estado español (3) .

Efectivamente desde la entrada en vigor del actual Código penal de 1995, muchas de sus modificaciones posteriores, se han sometido, para argumentar el cambio legislativo, a postulados de utilidad social como instrumento para prevenir el daño a la comunidad, o de eficacia legal, en cuanto que esta supone un impulso político más expedito y compulsivo que viene a corregir los defectos y la fragilidad que adolecía la ley anterior. El endurecimiento de las penas para los delitos de tráfico (4) , o la Ley Integral de Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004 (5) , se amparan en la fuerza de las funciones de utilidad o eficacia que las modernas leyes expanden. Con el mismo fundamento parte la reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plano del derecho penal adjetivo, que introduce un nuevo proceso para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas (6) . Pero estos principios, que no concitan grandes simpatías en el seno de la doctrina, y generalmente son rechazados al no reconocerse como principios penales propios del marco universal que caracteriza a la moderna dogmática criminal (7) , ni constituir garantías jurídicas que sirvan al ordenamiento penal al pensar que limitan los derechos fundamentales del delincuente, están, por el contrario, impregnados de la suficiente importancia y legitimidad social, como para formar parte del núcleo esencial de los fines y objetivos que están llamados a fundamentar la constitución o reforma de las leyes penales futuras. ¿Qué resulta más imprescindible y necesario predicar de una ley penal sino su utilidad y eficacia con el fin de garantizar una convivencia pacífica y una paz social duradera? ¿Qué no resulta más importante que insertar, en las modernas leyes penales, sino elementos de utilidad y eficacia para así ganar la confianza y el reconocimiento de los ciudadanos respaldado sobre la base de prevenir futuros delitos? (8) .

 Beccaria que contempló sin fisuras estas funciones, mantiene una conexión muy intensa con las modernas legislaciones penales. No solo destacó que las leyes han de ser justas, necesarias y útiles (9) , sino que estas han de estar sometidas a evitar que el sujeto vuelva a delinquir y a obtener el temor de los demás como fin esencial de toda ley penal. Es decir, elementos tanto de prevención especial como general, lo que supone sin duda alguna, un factor claro de eficacia normativa por la intimidación y el miedo que la ley penal extiende al resto de los ciudadanos para que en el futuro se abstengan de cometer delitos (10)

 Sin embargo, y pese a lo relativamente fácil que le resulta al poder político acudir a principios de utilidad y eficacia normativa para justificar la aprobación de leyes criminales, no siempre consigue alcanzar elfin propuesto. La falta de medios materiales y personales, o la ausencia de una voluntad política que se muestre firme en perseguir los delitos, no son sino elementos que desdibujan y entorpecen la aplicación eficaz de la ley penal y alimentan su inoperancia. Esta situación que es más visible en nuestra justicia penal; plazos que no se cumplen, retrasos y demoras que se perpetúan constantemente, convirtiéndose en un servicio público poco ágil y efectivo, y sobre todo una desconfianza social proporcionada por la debilidad del castigo; “jamás se han visto tanto tribunales, y menos justicia”, hacen que todos los males que afloran en nuestro ordenamiento penal, provocando un divorcio cada vez más acusado entre la sociedad y el Parlamento, sean una realidad que hay que corregir urgentemente. 

 Pero los principios de utilidad y eficacia penal, no sólo sirven para aumentar la seguridad de los ciudadanos en general y en particular. No solo se decanta decididamente por la protección y defensa social. No solo promueve de forma positiva el amparo legal de las víctimas presentes y futuras, sino que de manera negativa es capaz de descubrir y sacar a la luz pública los vicios y quimeras de muchos de los principios y fines penales que están presentes en nuestro ordenamiento penal, y a los que todo el mundo acude como baluartes imprescindibles de nuestro sistema legal. Me refiero al principio de reeducación y reinserción de las penas privativas de libertad que recoge el art.25.2 de nuestra Constitución (11) . En tal sentido, se puede concluir, que dicho principio no puede ser el único fin de las penas como pretenden muchos penalistas, ni tampoco el mas importante por el solo hecho de que los autores de nuestra Carta Magna decidieran recogerlo expresamente –aunque solo sirva como orientación-, puesto que si así fuera estaríamos avocados a señalar el más rotundo fracaso de nuestro sistema penal y penitenciario, ya que el alto número de sujetos reincidentes que existen en nuestro país, es un buen dato e indicio que inhabilita sin más, por ir contra la lógica y el sentido común, dicha finalidad constitucional. Si entendemos que la Ciencia del derecho penal tiene un carácter científico, algo que para Beccaria no era esencial (12) , no podemos por menos que deducir que la finalidad reeducativa en nuestro país no funciona. La validación y refutación de dicho principio por vía de la estadística criminal resulta incontestable; además del alto número de personas condenadas que tras su puesta en libertad vuelven a delinquir, y que lejos de reducirse sigue en aumento, tenemos otro dato que resulta desastroso y que guarda conexión con el gran número de sujetos condenados por sentencia firme que están esperando a que la justicia penal les llame para iniciar el cumplimiento de la pena impuesta (13) . Este síntoma, desvela la realidad de que la eficacia de las normas penales, en orden a garantizar los derechos de la sociedad y de la sus miembros, con el propósito de evitar que los delitos vuelvan a cometerse, y a que la convivencia ciudadana no solo sea aceptable, sino que fomente la confianza de la comunidad en las instituciones designadas para la contención del delito y el aseguramiento del criminal, está en un claro retroceso.

 Decididamente, el derecho penal no puede únicamente potenciar a toda costa la libertad individual. Está para algo más que eso. El derecho a la seguridad colectiva debe ser un bien social que el Estado y sus órganos competentes deben asegurar y mantener. Si el derecho penal pierde este principio o desemboca en un refuerzo en exclusiva de la libertad individual, como hasta ahora viene siendo habitual, desconociendo y desoyendo en muchos casos los derechos de las víctimas, entonces el derecho penal no sirve para nada. La contención delictiva, el muro infalible frente a la criminalidad existente, debe ser el primer objetivo de un ordenamiento criminal moderno y eficaz. Si hasta ahora la balanza se ha inclinado a favor del delincuente y sus sacrosantos derechos (14) , de los que legislación penal no ha hecho más que traslucir sus postulados bajo un sistema de garantías penales que parece permitir cierto grado de impunidad (15) , a partir de ahora es el momento adecuado para empezar a tomar nota de que la modificación legislativa, se ha de plantear, en aras de combatir la criminalidad ascendente, con la aprobación de unas leyes penales que sean más eficaces.

Promover el cambio legislativo frente a leyes inútiles o que alimentan el desequilibrio entre el derecho a la seguridad y la libertad individual, decantándose claramente por este último, es una tarea vital y necesaria para la salud del ordenamiento penal. Esta función de revisión de las leyes penales para ser más eficaces a los fines sociales, que ya estaba inmersa en la obra de Beccaria (16) , es tarea fundamental de toda sociedad y del legislador. La formalización del pacto político entre todos los individuos para hacer frente al estado de guerra y antinatural del ser humano, es fruto del acuerdo de donde nacen las leyes penales. Y en esta justificación política del cambio legislativo por deficiencia del actual sistema penal, es donde se enmarcan las propuestas de política criminal, con el objetivo puesto en proceder a la reforma legal para que la eficacia y utilidad de sus normas sirvan al fin de garantizar la seguridad pública y la protección de los bienes jurídicos esenciales de los ciudadanos. Por ello, el principio de reeducación y reinserción social no puede resentirse, si el legislador comienza por endurecer las leyes penales, y establece un período concreto y determinado de cumplimiento efectivo de aquellos delitos mas graves que afecten directamente a la vida e integridad de las personas (17) . El sentimiento que existe en la ciudadanía hoy en día de que el delincuente en nuestro ordenamiento jurídico campea a sus anchas por un sistema penal que le protege y sus derechos garantiza sus derechos constitucionales garantiza sus derechos constitucionales en extremo, en detrimento y perjuicio de los derechos de la sociedad y sus miembros (18) , es visible en el entorno en que vivimos. Las encuestas y sondeos de opinión no dejan lugar a dudas. Es precisamente la delincuencia juvenil, la que por cierto más ha crecido en estos últimos años -se cree no sin razón que la normativa benigna y permisiva de responsabilidad penal de los menores, que rige y regula la aplicación de medidas de carácter sancionar-educativo frente al delito cometido por el sujeto que es menor de 18 años, está detrás de la alta criminalidad-, la que demanda mayores y más altas penas frente a los delitos cometidos por sus congéneres o iguales (19) . Este dato es significativo de la seria conciencia ciudadana a la que está llegando en nuestro país la reforma penal. La percepción de indefensión que tiene la gente sencilla, la que vive y soporta la calle día a día, es un clamor a favor de que el Estado garantice de forma eficaz la seguridad colectiva, así como la libertad y seguridad de todos. Es necesario, como señalaba Beccaria en su célebre libro, que se declaren inútiles y por consiguiente dañosas a la comunidad, aquéllas leyes que se opusieran claramente a los sentimientos naturales del hombre. Estos sentimientos de protección que están íntimamente arraigados en el ser humano, aparecen claramente conectados con la necesidad y legitimidad de la reforma criminal,con el fin de que las leyes penales sean eficaces y congruentes con los derechos y valores que se tienen que proteger en el momento y en el contexto presente en el que nos encontramos (20) . Es por eso que el nuevo derecho penal del siglo XXI, debe mirar tanto al delito en su estado puro, como a las causas que lo provocan. Combatir eficazmente ambos elementos; la criminalidad y sus orígenes, que amenazan y ponen en peligro la paz y convivencia pacífica ciudadana, es tarea que debiera integrar la moderna dogmática criminal. Para ello, el legislador debe dejar a un lado la tendencia a considerar que los principios que rigen el derecho penal tradicional y que han fundamentado la codificación criminal, sean inamovibles y absolutos en todo ordenamiento penal. Principios estos a los que parece que, sin miramiento ni crítica alguna, se debe plegar y subordinar sin más toda nueva normativa penal a publicar, desconociendo que esta se motiva y moviliza por la fuerza de los hechos, así como por la realidad social que legitima tanto al poder, como a la capacidad normativa del legislador de la que es tributaria.

 Resulta por tanto imprescindible mirar, a los criterios esenciales penales que justifican la aplicación del derecho penal, como simples valores universales de carácter flexibles y ajenos a la inamovilidad que los caracteriza, que pueden ser sustituidos y modificados por otros más

contundentes y útiles, si la sociedad así lo requiere y demanda como instrumento para luchar eficazmente contra las nuevas formas de criminalidad que acceden a nuestro entorno cultural. Porque legitimidad y eficacia son parámetros de consenso para la valoración de la norma penal. Porque la fuerza que reside en el derecho, de la que emana la redacción de las leyes políticas, está en el pacto y en la comunidad civil que lo sustenta, como así lo entendió Cesare Beccaria casi dos siglos y medio antes (21) , renovándose con ello su pensamiento y obteniendo el reconocimiento universal.

 Notas

 (1) Se cree que entre los años 1763 y 1764 Cesare Beccaria publicó un libro que supondría todo un hito y acontecimiento universal, no sólo por la justificación y mantenimiento del Estado moderno al ser declarado el legítimo artífice de la ley penal, sino por la confección de un catálogo de los delitos y castigos que han de deducirse de ella, llegando a constituirse en un documento atemporal y un referente constante que ha marcado un antes y después en el transitar del derecho criminal. El libro apareció por primera vez en Livorno en el verano de 1764, y desde entonces ninguna ley penal ha podido fabricarse, construirse, modificarse o reformarse sin tener que mirar constantemente a los principios jurídico-criminales que Beccaria informó y propuso en su famosa obra.

(2) Por cierto nuestra Constitución de 1978, en su art.103.1, hace un señalamiento expreso al principio de eficacia jurídica, enmarcándose dentro de los criterios y objetivos que debe perseguir toda administración en su acción pública.   

(3) En alguna de estas leyes se pueden situar la reforma de la prisión provisional, introducida por Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, o la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, que implementa las medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Igualmente, en el contenido de diversas de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, se reafirman los principios de la defensa social, al convertir la seguridad ciudadana en un objetivo prioritario de la lucha contra la delincuencia.

 (4) La Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, que modifica el Código penal en relación con la Seguridad Vial, intenta paliar la ineficacia y el fracaso que supuso la anterior reforma del 2003 sobre la misma materia --Un sondeo publicado por El Mundo del 12 de diciembre de 2003, nº 5119, ya recogía el sentimiento ciudadano de la demasiada permisividad y condescendencia que la ley tenía con los infractores de la circulación vial. Seis de cada diez encuestados opinaban que se debería aplicar un plan de choque de tolerancia cero con los conductores temerarios--. Ahora, tras la modificación del 2007, se incorporan nuevas figuras delictivas como la conducción a velocidad excesiva, la conducción superando la tasa de alcohol permitida, o la conducción sin tener el permiso de conducir; tener caducado el carnet, o haberlo perdido a consecuencia de la retirada de puntos, lo que implica una mayor punición y castigo que actúa como instrumento dirigido a proteger bienes jurídicos esenciales de la comunidad.   

  (5) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que promueve objetivos de utilidad y eficacia jurídica a través de impulsar la protección de las víctimas, acentuando la función preventiva, presenta nuevos instrumentos de lucha contra la delincuencia, que por la realidad social tan compleja que tiene que combatir, se aleja de los principios penales marco que dominan el derecho criminal tradicional. Con idénticos fines se aprobó la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica. 

 (6) El gobierno vino a justificar la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma Parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la necesidad de combatir la criminalidad ascendente, y fortalecer la seguridad de los ciudadanos frente a las agresiones de los delincuentes, ante el incremento grave que alcanzaba la cifra de los delitos en nuestro país.

 (7) DIEZ RIPOLLES: “La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría”. Editorial Trotta. Madrid, 2003, pág.136 y siguientes, recoge un conjunto de principios jurídico-penales sobre los que se ha de articular un modelo conceptual estructural adecuado donde se vierta la racionalidad ética del derecho penal. 

 (8) Beccaria llegaría a afirmar en el Capítulo XLI de su obra “De los delitos y las penas”, pág. 111, en la versión ofrecida por la editorial Orbis.S.A., 1985. Segunda edición. Con introducción de Francisco Tomás y Valiente que: Es mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es el principal fin de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad posible, o al mínimo de infelicidad posible.

 (9) “De los delitos y de las penas”. Capítulo XLI, pág. 80.

 (10) Beccaria propugnaría como fin de las penas, no tanto castigar al delincuente porque obró mal, como anunciar el terror a los otros hombres para así apartarlos de llegar a cometer delitos— “De los delitos y las penas”. Cap.XII, párrafo tercero, pág. 60 --. Más tarde señalaría que más que la pena merecida, habrá que buscar la pena eficaz o útil desde el punto de vista preventivo-ejemplificador. Llegando a establecer una relación directa entre justicia y castigo, al explicar que la pena que no sea eficaz o útil, para evitar futuros delitos, no es una pena justa –Op.Cit. Cap.XV, pág. 69, nota 15--.

 (11) El Tribunal Constitucional deja claro que la disposición contenida en el art. 25.2 CE, no genera derecho subjetivo alguno –SSTC 28/1988, 209/1993 o 81/1997, entre otras--. Es decir, que no cabe ir en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que dicha orientación diseñada constitucionalmente no se cumple en la práctica en la persona condenada, porque de la misma no se expresa directamente dicha finalidad. Tan solo es un mandato al legislador para que en la medida de lo posible, afluya y ordene medios y recursos para que el tiempo pasado cumpliendo una pena privativa de libertad, no sea un tiempo

perdido para el reo. Deducir otra cosa no supone más que mal interpretar interesadamente la ley penal y penitenciaria. Pretender otra cosa no es más que anular otros fines de las penas, que por razones históricas y de utilidad social, cuando no de eficacia jurídica, son extensibles con la aplicación y ejecución de las penas privativas de libertad. En tal sentido, y como recoge JORGE BARREIRO: “La motivación en la individualización judicial de la pena”. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2000, pág. 79: “La Constitución no se opone a que otros objetivos como la prevención general, constituyan, asimismo, una finalidad legítima de la pena”.

 (12) Beccaria en el Capítulo VII de su obra, pág.54, llegaría a exclamar ¡Feliz aquella nación en la que las leyes no fueran una ciencia! Dicha frase está contextualizada en un momento en que los abusos legales por parte de la justicia penal estaban muy arraigados, y por tanto la crítica hacia ese sistema legal era el objetivo de su reproche. Pero el discurrir del pensamiento de Beccaria en el oficio de juzgar, se inclinaba claramente --entendido este como la sencilla función de verificar los hechos a los que aplicar la ley penal--, por los jurados y no por los magistrados, al declarar que son los hombres del pueblo los mejores jueces, afirmación esta que resultaba coherente con el programa del nuevo derecho criminal que giraba en torno a la elaboración de unas leyes penales claras y sencillas, lo que las hace eficaces, al defender un derecho penal al alcance de todos, que resulta accesible al entendimiento y comprensión de todo individuo por la vía de la claridad racional de la norma que opera como arma de política legislativa.  

 (13) El País, en el matinal del miércoles 23 de abril de 2008, denunciaba en su pág.14, el colapso de la justicia criminal. El alto número de sentencias pendientes de ejecución que se acumulaban en los juzgados penales de Madrid, es un dato desalentador que impide a la administración penal prestar un servicio público eficaz al ciudadano. A lo que hay que sumar el hecho de que la población reclusa española, entre presos preventivos y penados, supera actualmente las 71.000 personas –El País, sábado del 13 de septiembre de 2008, pág.28----

 (14) Resulta pues significativa la célebre frase de VON LISZT, afirmando que el derecho penal es la Carta Magna del delincuente.

 (15) El colectivo de joyeros, están en conversaciones constantes con la delegación el Gobierno en Madrid ante el alarmante número de homicidios que dichos trabajadores están sufriendo. Se pide al legislador la modificación de la prisión como medida cautelar del art.502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que refleje de una manera clara y decidida que la reiteración criminal, sea una variable que permita directamente al Juez la aplicación de la prisión preventiva. El porqué de esta reforma estaría fundamentada en los modernos principios penales que tratan de introducirse en la actual dogmática penal como es la peligrosidad del sujeto. En torno a los reincidentes, no solo la doctrina con CEREZO MIR a la cabeza, se ha mostrado partidaria de medidas mas duras y especiales para con los criminales profesionales,--En consideraciones político criminales sobre el Nuevo Código penal de 1995. La Ley, tomo III, 1996, pág. 1474--, sino que la sociedad, en un 85,7% de sus miembros – encuesta elaborada por Sigma Dos para El Mundo. Rotativo del sábado 23 de agosto de 2008, número 6823--, se ha manifestado favorable a concretar medidas expresas de control sobre estos delincuentes contumaces con el fin de dificultar e impedir su predisposición delictiva. 

(16) Para Beccaria tres son las fuentes de las que derivan los principios morales y políticos reguladores de la vida y acciones de los hombres: la revelación divina, la ley natural y las convenciones formadas por la sociedad. Mientras que las dos primeras son inmutables y constantes, la tercera es variable, puesto que la justicia humana, o sea, la política, no siendo más que una relación entre la acción y el estado variable de la sociedad, puede variar a medida que llega a ser necesaria o útil a la misma. Beccaria se expresa respecto del cambio en los siguientes términos: “Lo que nace de las puras convenciones humanas, expresas o supuestas por la necesidad y la utilidad común, será siempre una loable empresa la que impulse su modificación incluso a los demás remisos e incrédulos a conformarse con los principios que incitan a los hombres a vivir en sociedad”. —Notas y observaciones previas dirigidas al lector por Beccaria. “De los delitos y las penas”, págs 40-41--. 

 (17) Los datos que se desprenden de la encuesta realizada por Sigma Dos para el diario El Mundo –rotativo del sábado 23 de agosto de 2008, número 6823--, reflejan un abrumador descontento con el vigente Código penal, al que los encuestados consideran excesivamente benévolo. El sondeo revela que 8 de cada 10 ciudadanos manifiesta su apoyo a consecuencias penales como la cadena perpetua, siempre que la misma se aplique con dos claras matizaciones: a) revisión judicial cada cierto tiempo, con el fin de analizar si el condenado merece obtener la libertad y, b) aplicarse para aquéllas infracciones más graves o lesivas para la vida de las personas. Así el estudio realizado, con la inserción de estos requisitos, el 82% de los sujetos examinados se muestra partidario de su implantación, sin apenas variaciones que vayan en función del sexo o de la edad de los encuestados. Sobre estos datos, y las nuevas sensibilidades que ofrecen los ciudadanos sobre la justicia penal, sin duda alguna, es importante reconocer la influencia que ha ejercido en la opinión pública española el caso de la niña Mari Luz y el debate que ha generado en los medios de comunicación social.   

 (18) Igualmente la encuesta acometida por Sigma Dos para El Mundo –rotativo del viernes 22 de agosto de 2008, número 6822--, al cumplirse los treinta años de democracia en nuestro país, manifiesta que los españoles tiene una opinión muy negativa de su justicia, concretando que un 66,1% de los encuestados considera que la Ley penal protege hoy día mas al delincuente que a la víctima, por lo que se muestran partidarios de endurecer el texto penal actual. Es decir, que 6 de cada 10 españoles tiene la percepción o el sentimiento –algo a lo que Beccaria otorgaba mucha importancia al ser calificado de fuente o impulso legislativo de primer orden--, de que el sistema judicial garantiza más los derechos de los acusados que de las víctimas. Se trata pues de una creencia que resulta muy reiterada ya en otros barómetros. 

 (19) El mismo sondeo de opinión realizado por  El Diario El Mundo --rotativo del sábado 23 de agosto de 2008, número 6823--, contempla que curiosamente son los más jóvenes; la franja de edad queda comprendida entre los 18 a 29 años, los primeros que se muestran más expeditivos y contundentes con el delincuente, no dudando en afirmar la necesaria mano dura que se ha de emplear para aquéllos sujetos que infrinjan claramente la ley penal, siendo así que el porcentaje del 83,7% cree que es imprescindible endurecer las sanciones para los menores que delinquen .  

 (20) Beccaria se preguntaría ¿Son las mismas penas igualmente útiles en todos los tiempos? ¿Cuál serán las penas convenientes a estos delitos? --“De los delitos y las penas”. Capítulo I, pág. 44. 

 (21) Para Beccaria, el derecho a hacer castigar no pertenece a uno solo, sino a todos los ciudadanos o al soberano –“De los delitos y las penas”. Capítulo XX, pág.83--. Además Beccaria, al definir las leyes, deja claro que éstas no son sino las condiciones con que los hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, fatigados de vivir en estado continúo de guerra, y de gozar de una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla—Op.Cit. Capítulo II, pág.45, párrafo quinto--. Reconoce que la utilidad común es la base de la justicia humana – Op.Cit. Capítulo XXIV, pág.89--. Y viene a contemplar que el derecho nace de la conciencia del pueblo y de la fuerza de los sentimientos que comúnmente tiene –Op.Cit. Cap.II, pág. 45--. 

 Julio Leal Medina  

Doctor en Derecho

Universidad Complutense Madrid